Más de 11 años de prisión por desviación y apropiación de recursos de población desplazada

Edson Emérito Sánchez Moreno, representante social de fundaciones fue enviado a prisión por apropiación ilegal de cerca de tres mil millones de pesos que estaban destinados a la atención de población desplazada. El hombre estaba envuelto en una red de corrupción en Córdoba.

Los hechos ocurrieron en Córdoba, donde hubo participación del implicado en un entramado de corrupción en el cual se desviaron y apropiaron recursos destinados para la atención de la población desplazada durante 2012 y 2013. Según la investigación de las entidades encargadas, el sentenciado prestó su nombre para quedarse con dos contratos en la Secretaría de Salud de Córdoba.

El dinero era destinado para garantizar servicios integrales a las víctimas de desplazamiento forzado y prevención de factores de riesgo para las personas en condición de discapacidad. Se trata de contratos que superaron los 2.800 millones de pesos y fueron celebrados entre 2012 y 2013, en medio de múltiples omisiones a las normas vigentes.

Además, se demostró que el representante de las dos fundaciones firmó facturas, hizo cobros y presentó soportes de consultas, reuniones o entregas de ayudas humanitarias inexistentes. Para simular que estos y otros servicios se cumplieron, el contratista falsificó informes técnicos y de ejecución, y reportó una nómina de personal que nunca estuvo vinculada.

Las evidencias dan cuenta de que parte de los recursos para atender a la población desplazada fueron entregados a terceras personas que participaron en las diferentes maniobras ilícitas detectadas. Frente a los hechos, Sánchez Moreno aceptó su responsabilidad y fue declarado responsable de: peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.

Ante los delitos, el hombre fu enviado a un centro carcelario para que se haga efectiva la condena de 11 años y 3 meses, además de una multa de 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 135 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

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