JEP imputa a general del Ejército Jaime Alfonso Lasprilla y otros 34 militares por 200 falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de "falsos positivos", imputando al general retirado Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, excomandante del Ejército durante la presidencia de Juan Manuel Santos, por su presunta participación en 200 casos de ejecuciones extrajudiciales. Estos casos representan asesinatos de civiles inocentes presentados falsamente como bajas en combate.

Varios imputados por falsos positivos

Junto a Lasprilla, otros 34 miembros del Ejército y cuatro generales más enfrentan cargos ante la JEP en relación con estos casos de "falsos positivos". Este evento destaca la escala de los crímenes que ocurrieron durante un periodo crucial de la historia colombiana.

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¿Impunidad prevaleciente?

La imputación revela una alarmante historia de impunidad, ya que de los militares imputados, solo 10 habían enfrentado condenas previas en la justicia ordinaria por estos crímenes, y tres estaban siendo investigados. Un sorprendente número de 22 militares, incluyendo cinco generales, disfrutaban de completa impunidad hasta este momento.

Jaime Alfonso Lasprilla se convierte en el segundo comandante del Ejército imputado por la JEP por ejecuciones extrajudiciales. Mario Montoya fue el primero en enfrentar imputaciones en agosto, relacionadas con hechos ocurridos en 2003 cuando comandaba la IV Brigada en Antioquia. Estas acciones judiciales destacan la responsabilidad de altos mandos militares en crímenes cometidos antes de asumir roles de liderazgo en el Ejército.

192 de las 264 muertes reportadas por las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate. pic.twitter.com/Qzi4bBj15Q

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2023

Denuncias detalladas en Huila y Caquetá

Lasprilla, en su papel como comandante de la Novena Brigada en 2007, enfrenta denuncias específicas relacionadas con "falsos positivos" en Huila y Caquetá. Víctimas de estos crímenes han señalado que dos batallones adscritos a esa brigada cometieron 54 casos de "falsos positivos", cobrando la vida de 104 personas inocentes.

La imputación se fundamenta en la georreferenciación del conflicto entre 2005 y 2008, que resalta discrepancias significativas. Mientras las Farc tenían sus campamentos en zonas de alta montaña, las operaciones militares se centraron en áreas de valle y baja del departamento. Este desajuste plantea interrogantes sobre la legitimidad de las acciones militares y refuerza la necesidad de rendición de cuentas.

"Las muertes se causaron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que fueron calificadas como asesinatos constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad", indicó la JEP. 

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