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Inhabilidad de 15 años a juez que negó matrimonio de pareja del mismo sexo

Detalles de una decisión sin antecedentes.

Abren investigación por usar la palabra "abudinear"
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 10/04/2024 - 21:34 Créditos: Corte Suprema de Justicia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar ha dictado una sanción ejemplarizante al Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, inhabilitándolo por un periodo de 15 años para ejercer cargos públicos. 

Esta decisión se tomó luego de que el mencionado juez se negara a celebrar el matrimonio civil de una pareja del mismo sexo, desatendiendo así los mandatos de la Corte Constitucional colombiana y los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.

El caso se remonta a agosto de 2020 cuando dos mujeres, una de nacionalidad colombiana y la otra venezolana, solicitaron unirse en matrimonio civil en Cartagena. 

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Sin embargo, se encontraron con la inesperada resistencia del juez Flórez Torres, quien fundamentó su negativa en sus convicciones personales y religiosas, argumentando un conflicto entre las leyes humanas y las divinas, tal como él las interpreta.

La decisión del juez fue rápidamente impugnada, dando lugar a una investigación formal por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la cual concluyó que el actuar del juez no solo representaba una falta grave, sino también una falta gravísima, configurándose como un acto de dolo. 

El magistrado Luis Guillermo Ramos, ponente en el caso, enfatizó que los servidores públicos, especialmente aquellos pertenecientes a la Rama Judicial, están obligados a cumplir con sus deberes legales y constitucionales sin que puedan prevalecer objeciones de conciencia que vayan en detrimento de los derechos fundamentales.

El juez Flórez Torres, tras la sanción, solicitó una aclaración sobre el fallo, la cual fue denegada el 9 de mayo de 2023, reafirmando la responsabilidad disciplinaria que se le imputaba. 

Este caso resalta la tensión entre las convicciones personales de los funcionarios públicos y su obligación de adherirse a la legislación y los principios constitucionales, marcando un hito en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia y subrayando la importancia del respeto a la diversidad y la igualdad ante la ley.

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