Fiscalía acusa a tres empresarios involucrados en escándalo de Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres empresarios involucrados en el entramado de corrupción de Centro Poblados y el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que pretendía llevar internet a escuelas rurales del país.

El ente de control acusó formalmente a los empresarios Ottomar José Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres Bayona y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez.

Ante un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía imputó a Lascarro Torres y Laverde Martínez los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

"La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad", explicó la Fiscalía.

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En consecuencia, los empresarios hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por $70.000 millones.

De los $70.000 millones, parte del dinero se destinó a otros asuntos que no correspondían al objeto de contrato.

Por una parte, $9.062 millones, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar apartamentos, vehículos de alta gama, dádivas a intermediarios y préstamos a terceros.

"US$300.000, presuntamente, los usó Emilio Tapia para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez", dijo el ente de control.

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