Fiscalía acusa a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Nicolás Petro, primogénito del presidente de la República, Gustavo Petro, enfrentó hoy audiencia de acusación convocada por la Fiscalía General de la Nación.

Durante la audiencia, la defensa de Petro solicitó la nulidad del proceso, una petición que fue rechazada por el juez a cargo del caso.

Luego de dicha solicitud, la Fiscalía acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla al exdiputado de la Asamblea de Atlántico, Nicolás Petro, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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De esta manera, el Juez segundo especializado de Barranquilla formalmente acusó a Nicolás Petro Burgos y programó la audiencia preparatoria para los días 29 y 30 de abril.

Según el ente investigador, los elementos materiales de prueba indican que el hoy procesado, entre junio y diciembre de 2022, habría recibido $400 millones del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'El hombre Marlboro'; y diversas sumas de dinero en efectivo de 'El Turco' Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

"Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que el señor Petro Burgos, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado", indicó la Fiscalía.

En este contexto, se estableció que como resultado de su desempeño en la Asamblea de Atlántico, Nicolás Petro recibió ingresos por un total de $280 millones en el año 2022, sin que existan registros de otras actividades económicas o movimientos financieros.

No obstante, se evidenció que realizó inversiones por un monto de $1.205 millones, destinados al pago de arriendos, la adquisición de un apartamento y una vivienda, así como la compra de ropa y artículos lujosos.

A partir de estos datos, se estima un posible incremento patrimonial injustificado de $1.053 millones.

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