La mujer firmó un preacuerdo con la Fiscalía General para colaborar con la justicia, entonces aceptó los cargos por acciones cometidas cuando estaba en el cargo desde el 7 de abril de 2015 al 23 de enero de 2018. La implicada se dejaba sobornar a cambio de alterar decisiones tomadas por la Supersalud.
También se encontró que aprovechó su poder y la información privilegiada que manejaba para su propio beneficio y el de entidades sujetas a vigilancia por su mal uso de los recursos de la seguridad social. Dichas entidades estaban ubicadas en Boyacá, Cauca, Casanare y La Guajira.
Por un lado, la exfuncionaria habría recibido un primer pago de $50′000.000 en diciembre de 2017, y el excedente de $250′000.000 en enero de 2018. Además, ofreció información a cajas de compensación familiar e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para que superaran la misma revisión, para lo cual alistaban planes de mejoramiento y reorganización.
Por otro lado, agilizó los trámites de pagos a EPS que estaban bajo vigilancia. Con las acciones, la hoy condenada alcanzó a reunir 700 millones de pesos en sobornos.
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