Expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por soborno a testigos y fraude procesal

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, deberá ir a juicio por los delitos de soborno y manipulación de testigos y fraude procesal. Así lo determinó la jueza Carmen Helena Ortiz en la audiencia que se extendió por más de 10 horas.

Durante la audiencia contra el exmandatario por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, la jueza 28 de conocimiento, cuestionó a la Fiscalía por no investigar el proceso y por no tener bases sólidas para pedir la preclusión en favor del exmandatario.

Para la jueza existen razones suficientes, así como pruebas para llevar al exmandatario y exsenador Uribe a un juicio penal.

En el caso por el delito de soborno a testigos, se investiga si el expresidente Uribe presionó, a través de su exabogado Diego Cadena, a los testigos Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, Juan Carlos 'el tuso' Sierra, entre otros.  

Respecto a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en el sonado caso, este asegura que fue presionado por el abogado Diego Cadena, para declarar en contra del senador Iván Cepeda. Actualmente Monsalve se encuentra recluido en la cárcel La Picota. Para la jueza, no es posible determinar la atipicidad de la conducta imputada e indicó que la evidencia apuntaría a un posible soborno.

Otro de los testigos involucrado en el caso Uribe es Juan Carlos Sierra, alias 'el tuso' Sierra, quien también habría sido manipulado para que declarada en contra de Cepeda.   

Por último, está el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como alias 'Víctor' y principal testigo contra el abogado Cadena. Quien asegura que recibió un presunto pago de $200 millones para declarar en contra del senador Iván Cepeda.

Para la funcionaria, lo actuado por el Corte Suprema de Justicia "conserva plena validez en toda actuación" por lo que Uribe Vélez debe ser imputado por los delitos anteriormente mencionados. 

La decisión de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, es de primera instancia y será el Tribunal Superior de Bogotá, quien tenga la última palabra.

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