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Escándalo 'Marionetas 2': Fiscalía radica acusación por corrupción
Entre los acusados se encuentra Pierre García, exdirector del DPS, quien habría sido uno de los principales actores en la presunta red criminal.
La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso contundente en el caso del escándalo de corrupción conocido como 'Marionetas 2', al radicar el escrito de acusación contra cinco individuos señalados de participar en un entramado de corrupción que afectó la contratación de recursos destinados a la paz a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Acusados por el caso 'Marionetas 2'
Entre los acusados se encuentra Pierre García, exdirector del DPS, quien habría sido identificado como uno de los principales actores en la presunta red criminal. Se le acusa de aprovechar su posición para participar en actividades ilícitas que incluirían el reparto irregular de contratos.
Además de García, figuran en la lista de acusados Katherinne Rivera Bohórquez, exasistente del exsenador Ciro Ramírez, y tres contratistas: Anderson González, Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés Ospina.
Según la investigación de la Fiscalía, se presume que García habría formado parte de una red criminal liderada por el exsenador liberal Mario Castaño, fallecido en noviembre de 2023 en la cárcel La Picota de Bogotá.
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Otros salpicados por el caso 'Marionetas 2'
El escándalo también salpica a otros políticos prominentes, como los senadores Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa, así como a figuras como Julio Cesar García, Óscar Humberto Leyton Carrillo y Geancarlo Storino, quienes supuestamente estarían implicados en los hechos.
Los cargos que enfrentan los acusados incluyen concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, de acuerdo con la Fiscalía.
La investigación señala que la presunta organización criminal tenía como objetivo manipular la contratación pública en beneficio de intereses particulares y promover el crecimiento político de los senadores en diversas regiones del país, como Boyacá, Quindío, Tolima y Valle del Cauca.
Se destaca que la empresa investigada habría manipulado ilegalmente el contrato 670 de 2021 por más de $70 mil millones, recursos provenientes del Fondo de Inversión para la Paz.
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