Embargan vehículos blindados de magistrados y fiscales protegidos

Los magistrados y fiscales que conforman la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vieron sorprendidos al encontrarse sin acceso a los vehículos asignados a sus esquemas de seguridad. 

Estas camionetas blindadas, esenciales para su protección, quedaron bloqueadas satelitalmente y sin posibilidad de encenderse debido a un conflicto legal con el proveedor.

El problema surgió a raíz de una deuda que la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda., encargada del contrato con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proporcionar estos vehículos a los funcionarios de la JEP, mantenía con la Unión Temporal Perseus, compuesta por Alliance Security Rent Car, Μ.Ι. Blindajes, Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados y Nacional Rent Car Ltda. 

Como parte de un proceso administrativo, se tomó la decisión de embargar los vehículos, lo que a su vez desencadenó su bloqueo a través de sistemas satelitales utilizados para su control.

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Ante la situación crítica, la UNP y el tribunal de paz iniciaron acciones inmediatas para resolver este problema y garantizar la seguridad de los funcionarios de la JEP. Se ha informado que se ha encontrado una solución temporal para mantener la protección de los afectados.

El contrato entre la UNP y Neostar Seguridad establece que el contratista debe evitar multas y hacerse cargo de cualquier infracción para asegurar el funcionamiento constante de los vehículos. 

Además, se especifica que los vehículos solo pueden dejar de operar mediante una orden escrita del supervisor del contrato, de lo contrario, se impondrán multas y sanciones.

La UNP anunció que la situación se resolvió alrededor de las 10:00 a.m. del 27 de diciembre y explicó que se trató de una diferencia entre empresas privadas que llevó al bloqueo satelital. 

La UNP priorizó el derecho de los funcionarios de la JEP a contar con garantías de seguridad para llevar a cabo sus funciones.

Es importante destacar que los vehículos blindados y convencionales utilizados en los esquemas de protección no son propiedad de la UNP ni del Estado, sino que son arrendados a través de contratos con empresas privadas. 

Esta situación, que coloca al Estado en una posición dependiente de organizaciones externas, es un objetivo estratégico que la actual administración de la UNP busca corregir para garantizar la seguridad de sus protegidos y reducir la vulnerabilidad frente a disputas entre empresas privadas.

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