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Detalles de la suspensión del canciller Álvaro Leyva
La Procuraduría General de la Nación toma medidas ante presuntas faltas disciplinarias graves cometidas por el ministro de Relaciones Exteriores, mientras investigación contra el secretario José Antonio Salazar quedó archivada.
La Procuraduría General de la Nación ha decidido tomar acciones contundentes en relación con el proceso de licitación de pasaportes, llamando a juicio disciplinario al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La medida se ha tomado tras la detección de posibles irregularidades que podrían haber comprometido los principios de contratación estatal.
Faltas graves imputadas al canciller
Se imputan al canciller dos faltas disciplinarias graves, provisionalmente calificadas como gravísimas y cometidas a título de dolo. La primera se refiere a la declaración desierta de la licitación 001 de 2023 sin los fundamentos necesarios, poniendo en riesgo los principios que rigen la contratación estatal. La segunda se relaciona con la presunta declaración de urgencia manifiesta durante el trámite contractual, sin contar con las causales necesarias para respaldar esa determinación.
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Suspensión del canciller
La suspensión provisional del ministro, con una duración de tres meses, tiene como objetivo prevenir la posible reiteración de las faltas disciplinarias imputadas. Considerando el papel del canciller como ordenador del gasto de la Cancillería y director del nuevo proceso contractual de gestión de pasaportes, se busca asegurar la transparencia y legalidad en dichas funciones.
#Justicia Procuradora, Margarita Cabello, habla sobre la suspensión del cancillero Álvaro Leyva pic.twitter.com/GQyB1QAee5
— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) January 24, 2024
En contraste, la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, ha sido archivada, eximiéndolo de responsabilidades en este proceso.
La decisión de la Procuraduría destaca la gravedad de las posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes y busca salvaguardar la transparencia y legalidad en la actuación del canciller.
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