Condenan a 20 años de prisión a exrectora de colegio en Santander que facilitó abuso a niñas por paramilitares

El Comité Intergremial del Atlántico ha manifestado su firme apoyo a las gestiones encaminadas a la recuperación de los fondos asignados a la organización de los Juegos Panamericanos, tras la controversia suscitada por la pérdida de la sede de Barranquilla para el evento en 2027. 

Esta posición surge en un contexto donde la responsabilidad del presunto perjuicio económico recae, según esta agrupación, en el Gobierno nacional, debido a incumplimientos en los pagos acordados por derechos de concesión.

En este escenario, Efraín Cépeda, presidente ejecutivo del Comité, ha hecho énfasis en la necesidad de que el Alcalde Distrital y su equipo jurídico exploren todas las vías legales disponibles para asegurar la devolución de más de 2.2 millones de dólares pagados a Panam Sports, como parte del contrato de Ciudad-Sede. 

Cepeda argumenta que los habitantes de Barranquilla no deberían asumir las consecuencias financieras derivadas de los incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Además, se ha señalado la importancia de que el Gobierno nacional asuma responsabilidades ante el detrimento patrimonial que enfrenta la ciudad, considerando que estos fondos provienen de los impuestos pagados por los ciudadanos. 

Este llamado a la acción no solo busca resarcir económicamente a Barranquilla sino también reafirmar el compromiso de la Alcaldía y los gremios del departamento con la atracción de eventos internacionales, turismo y negocios, elementos cruciales para el desarrollo económico y social de la región.

El Alcalde Alejandro Char, por su parte, ha expresado públicamente la urgencia de recuperar estos fondos para reinvertirlos en el fomento del deporte local y en la inspiración de futuros atletas. Esta postura se ha reforzado con un llamamiento directo a Ilic Álvarez, presidente de Panam Sports, para que se proceda a la devolución de los recursos y se asuman las consecuencias legales por los daños causados a la ciudad debido a la cancelación unilateral de la sede de los Juegos Panamericanos.

El equipo jurídico de la Alcaldía de Barranquilla se encuentra preparado para emprender las acciones legales necesarias, incluyendo el embargo de cuentas si fuese necesario, para asegurar que se haga justicia y se protejan los intereses de la ciudad y sus habitantes.

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Por todo lo anterior, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. 

El fallo dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.

De otra parte, la Fiscalía estableció que Parra Arroyabe, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. 

Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.

Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas
paramilitares.

En ese sentido, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.

La actividad investigativa que permitió obtener estas dos sentencias de primera instancia se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema penal).

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