Caso UNGRD: exdirectivo promete delatar a varios en compra de carrotanques y otros negocios

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha solicitado acogerse al principio de oportunidad con el fin de colaborar con la justicia y revelar información crucial sobre malversaciones en dicha entidad. 

Según el Reporte Coronell, la solicitud fue formalizada mediante una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, gestión que fue intermediada por su apoderado, el conocido y controvertido exzar anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Moreno, quien tras cumplir condena en Estados Unidos y en Colombia por delitos de corrupción, se ha reinventado como defensor de la segunda oportunidad, actúa ahora en representación de Pinilla, quien ha estado en el ojo del huracán tras su renuncia en medio del escándalo de los carrotanques. 

Estos vehículos, destinados supuestamente para aliviar la crisis de agua en La Guajira, implicaron un desembolso exorbitante de 46.800 millones de pesos por parte del estado, revelándose después que no cumplieron su función y estaban marcados por sobreprecios significativos.

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Pinilla, en su comunicación, expresa su intención de "contarle al país, a la justicia y especialmente al departamento de La Guajira, lo que realmente sucedió y quiénes participaron" en el escándalo. 

Esta revelación apunta a implicar a otros funcionarios de la administración y miembros de diversos poderes públicos. Según el exsubdirector, su testimonio no solo se centrará en los implicados directos de la UNGRD, sino que también alcanzará a altos dignatarios con fuero, lo que sugiere una trama de corrupción que podría extenderse más allá de la unidad.

El principio de oportunidad, invocado por Pinilla, permite a acusados colaborar con la justicia a cambio de beneficios en el procesamiento de sus casos, bajo condiciones específicas como la desarticulación de bandas de crimen organizado o la prevención de futuros delitos. 

Esta solicitud, ahora en manos de la fiscalía 79 especializada, promete ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa y en la gestión de desastres en Colombia.

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