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Cargos contra exfuncionarios de la ANI por irregularidades en contrato de la Ruta del Sol II
Estas personas enfrentan acusaciones de beneficiar a concesionario en la construcción de un tramo clave. Enfrentan cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) están bajo la lupa de la justicia colombiana debido a presuntas irregularidades en la construcción de un tramo de 528 kilómetros de la Ruta del Sol II, que conecta los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). La Fiscalía, como parte del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, presentó cargos ante un juez de control de garantías en Bogotá.
¿Quiénes son los siete exfuncionarios de la ANI?
Los implicados en este caso son Alexandra Lozano Vergara, quien se desempeñaba como gerente de Proyectos y Gestión Contractual en la ANI; María Clara Garrido, exvicepresidenta administrativa de la entidad; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidenta de estructuración; y los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
La investigación de la Fiscalía se centra en cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, que según las autoridades, habrían beneficiado indebidamente al concesionario del proyecto, en el cual estaba involucrada la constructora Odebrecht. Estos otrosíes, según la Fiscalía, generaron ventajas técnicas, jurídicas y financieras para el concesionario.
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Uno de los puntos clave de los otrosíes fue la ampliación de plazos para la ejecución de tramos de proyectos, lo que permitió al concesionario evitar sanciones y multas por incumplimientos que superaban los $35.883 millones. Además, se alega que se realizaron modificaciones en aspectos técnicos y formas de pago, lo que facilitó al concesionario el acceso a un anticipo de $17.823 millones al que, supuestamente, no tenía derecho, permitiéndole obtener un mayor flujo de caja.
Las presuntas irregularidades en estos otrosíes habrían causado una afectación financiera a la ANI por más de $2.227 millones.
Los siete exfuncionarios de la ANI enfrentan cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Hasta el momento, ninguno de los implicados ha aceptado los cargos, y el caso sigue siendo objeto de investigación y análisis judicial.
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