Cárcel para miembros del Ejército que sacaron armamento de almacenes militares

Los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano fueron presentados ante un juez de garantías como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con fines de tráfico ilícito.

La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, aprovecharon su posición y sus cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares.

De esta manera, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.

La Fiscalía pudo determinar que el sargento extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma.

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Posteriormente, a finales de 2022, Rodríguez Lancheros fue trasladado a un batallón en Chocó donde continuó con sus actividades ilegales. Durante su captura en Medellín, los investigadores encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Por otra parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.

En una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató que faltaban 28.000 cartuchos calibre 5.56. Además, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del año en curso; donde posiblemente continuaba con los actos ilegales.

A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.

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