Emilio Tapia, conocido por el escándalo de corrupción denominado el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, y el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, fueron capturados por el polémico contrato de MinTic que buscaba llevar conectividad a zonas rurales del país.
El escándalo que le costó el puesto a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, ahora toca a Tapia y a Duque. Ambios fueron capturados por el CTI de Fiscalía en medio de la investigación por el contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Luis Fernando Duque es investigado por el contrato con el ministerio que lideraba Karen Abudinen. En el proceso, se evidenciaron irregularidades en el proceso, pues se giró un anticipo de $ 70.000 millones de pesos, dinero que aparentemente pasaron a un paraíso fiscal en Estados Unidos.
Mientras tanto, Centros Poblados asegura que los recursos se destinaron a la compra de equipos. Sin embargo, en medio de la situación, el pasado 13 de agosto un juzgado civil del circuito decretó la terminación de un proceso en contra de Emilio Tapia por el pago total de su obligación. Pues del bolsillo sacó $290 millones, recursos cuyo origen se desconoce.
Lea la investigación completa sobre el pago de la millonaria deuda del polémico contratista
Además de la captura de Tapia y Duque, dentro de las ordenes ejecutadas por el CTI de la Fiscalía está también Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros, quien tramitó las garantías señaladas como falsas.
Además, según El Tiempo, la Fiscalía verificó reuniones, trámites y chats que dejan al descubierto, procesalmente, que el cordobés es pieza clave en la investigación.
Mientras que al medio de comunicación, Tapia negó tener algún nexo con el escándalo, tanto Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros (capturado), y Jorge Molina García Mayorga, quien decía tener mecanismos para obtener los documentos, son las piezas claves de las autoridades para desentramar la polémica cuestión.
Cabe resaltar que Luis Fernando Duque manifestó haber encomendado a Laverde y a Molina la consecución de las garantías. Además, de insistir que Intec de la Costa, una de las firmas que hacen parte de Centros Poblados, estaba a cargo de los documentos.
De esta forma, la cabeza de Intec es José Fenando Lorduy, supuesto allegado a Emilio Tapia y también condenado por el llamado ‘carrusel de la contratación’.
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