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Audiencia programada para el caso del Club El Nogal con exgerente y empleados imputados

Además abogado de mexicano que falleció en el club solicitó imputación contra miembros de junta directiva.

El Nogal 10
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 29/05/2023 - 19:50 Créditos: International Associate Clubs

En los próximos días será imputado el exgerente del Club El Nogal, Luis Fernando Vargas, por el presunto de homicidio culposo. 

La audiencia se llevará a cabo el próximo 14 de junio. Además de Vargas, trascendió que Ricardo Andrés Muñoz Rojas, el anterior responsable de Electromecánica, y Juan Casadiego Sepúlveda, quien lideraba el mantenimiento en el citado club, también enfrentarán cargos similares.

Estos individuos son sujetos procesales un debido a su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Fernando Campos Yannelli, un empresario originario de México quien falleció en el año 2014 en una habitación del club debido a la inhalación de monóxido de carbono.

David Benavidez, quien defiende a las víctimas, declaró que este caso legal llegaría a su fin en agosto del presente año. Comentó que, a lo largo de nueve años, ha habido cambios notables y no explicados en la figura del fiscal encargado del caso.

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Benavidez manifestó cierta preocupación en relación con el número de fiscales asignados a este caso, sobre todo después de que se tomara la decisión de proceder con la imputación. Como representante de las víctimas, 

Adicionalmente el abogado ha solicitado a la Fiscalía que evalúe la posibilidad de vincular e imputar a los miembros de la junta directiva del club que, en su momento, tomaron decisiones que pudieron haber contribuido a la muerte del empresario mexicano.

El Club El Nogal ha sido sentenciado a pagar una suma de $2.800 millones como indemnización a la familia del empresario fallecido por daños, morales y lucros cesantes. 

Esta indemnización está actualmente en proceso de apelación. Mientras se resuelve la apelación, Benavidez ha solicitado a la corte que se congelen las cuentas del club como medida cautelar. La cantidad solicitada asciende a $4.200 millones.

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