Antecedentes del exmagistrado Leonidas Bustos tras orden de captura de la Corte Suprema

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, investigado en Colombia por el denominado caso del Cartel de la Toga. Deberá responder por los delitos de presunto autor de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias.

El exmagistrado Bustos Martínez, fue el director del área de Derecho Penal de la Universidad Libre. Docente de las universidades Sergio Arboleda y Militar Nueva Granada. Autor de varios textos académicos de Derecho. Litigante en el ámbito penal y magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de que se expidiera la orden de captura en su contra el otrora poderoso de la justicia realizó varias maniobras que prolongaron la administración de justicia en su caso durante varios años.

Entre ellas, recusando a sus juzgadores, los congresistas que integraron en su momento la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, incluso al punto de dificultar su acusación y con una estrategia de defensa que incluyó otras cuatro recusaciones que presentó con particulares argumentos.

Un episodio oscuro de la justicia que se evidenció a inicios de octubre de 2017, mediante una de las declaraciones entregadas por el otrora jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, el extraditado Luis Gustavo Moreno, ante la Corte Suprema de Justicia. Puntualmente, en contra del ex congresista Álvaro Ashton, terminó prendiendo el ventilador de lo que desde ese entonces se conoció como el  ‘cartel de la toga’.

En su testimonio, Moreno afirmó que dicho cartel, le había exigido a Ashton, $1.200 millones para frenar un proceso por ‘parapolitica’ que cursaba en contra del ex congresista en el alto tribunal, concretamente desde el año 2014 en el despacho del entonces magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo. Afirmó que de la suma pedida, fueron pagados $600 millones y que de ese dinero él entregó personalmente $200 millones al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos.

Pero eso no fue lo único que declaró en contra de quien fue en dos oportunidades, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia y en una ocasión presidente de alto tribunal, Leonidas Bustos, el exfiscal Moreno fue más allá. Advirtió que empezó a trabajar con Gerardo Torres, un abogado que llevaba procesos ante la Corte y litigaba en su nombre desde el año 2011 y lo hizo por orden del jurista Bustos.

El jurista Torres, conocido como Yayo, fue esposo de la magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, en la Corte Suprema de Justicia, Luz Mábel Lara. “Ahí notó que, independiente de que sea legal o no legal, con los tecnicismos pues no era moral ni ético que el esposo de su magistrada auxiliar me refiriera por conducto del magistrado titular casos para litigar en la corporación de la que hacía parte” le dijo Gustavo Moreno a la Corte.

Acto seguido, en la misma declaración ante el alto tribunal, Moreno manifestó que llegó un punto en el que se vio obligado a decirle al exmagistrado Bustos que el abogado Torres no le estaba permitiendo entenderse con otros congresistas investigados y que además le estaba pagando muy poquito. “Le manifesté mi inconformidad al doctor Leonidas Bustos, me dice: no se preocupe, preséntese a la oficina del doctor Francisco Ricaurte” aseveró el exjefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno.

Según continuó en su relato, así fue como Moreno conoció al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien hoy está privado de la libertad en la penitenciaria La Picota en Bogotá por este mismo caso. 

Frente a la declaración entregada por Leonidas Bustos ante la Sala Penal de la Corte Suprema y en donde advirtió que Gustavo Moreno lo perseguía, Moreno dijo “Yo entiendo que es un acto de defensa honorable magistrado. En esto la fuerza de los hechos tiene más fuerza que las palabras. ¿Si es una relación normal, los ingresos que yo tengo al despacho de él, si es una relación normal que una camioneta que compre aparezca en cabeza de su esposa, que un carro que tuvo él aparezca en cabeza de su esposa, que un carro que tuvo él aparezca en cabeza mía, que tengamos reuniones no en una ocasión sino en varias fuera del país que él, él, él y solo él me haya referido a Gerardo Torres, esposo de su magistrada auxiliar, que me haya referido al doctor Francisco Ricaurte?” Señaló Moreno.

En esa declaración Moreno también relató un supuesto encuentro en Miami con el exmagistrado Leonidas Bustos, según él para hablar con calma y sin testigos de los temas que manejaba el grupo, “concretamente de actos de corrupción”. También se manifestó en contra de la expresidente de la Corte, Ruth Marina Díaz de quien aseguró hacia parte de la oficina de Francisco Ricaurte y porque según dijo ella ejercía influencia sobre un magistrado en particular.

Con estos y otros detalles entregados por Luis Gustavo Moreno, el organismo competente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, inició un proceso en contra del exmagistrado Leonidas Bustos, uno de los otrora reconocidos como hombres poderosos de la justicia, quien en sus ocho años como magistrado se pronunció en nombre de la justicia en no menos de cinco mil sentencias entre casaciones, revisiones, tutelas, habeas corpus y segundas instancias.  

Por reparto le correspondió la investigación a los entonces representantes a la Cámara, Edward Rodríguez y Fabio Arroyave Botero. Sin embargo, pocos días después la defensa del exmagistrado Bustos comenzó a disparar su toda su artillería jurídica con una serie de recusaciones.

Intento inicial

La primera recusación, en contra de los representantes-investigadores, fue interpuesta el 14 de noviembre de 2017. En esta, el apoderado de Leonidas Bustos, acudió a la causal 7 del artículo 99 de la ley 600 de 2000 que establece como impedimento que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, sin justificación.

En el memorial, la defensa advierte que solicitó un número significativo de pruebas pero que a noviembre de 2017,  sólo se habían practicado el 28% de las mismos. En su misiva recuerda que se solicitó el testimonio de Alfredo Gómez Quintero, María del Rosario Gonzalez, Yesid Ramirez Bastidas, Julio Enrique Socha Salamanca, Javier Zapata Ortiz, Sigifredo Espinoza Pérez y José Augusto Ibáñez, todos exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y de los magistrados auxiliares de su despacho Fabio Espitia, Augustin García, Eduardo Moreno, Juan Carlos Arias, Mauro Leonardo Casallas Borrás y María Cristina Patiño. 

Pero estos no fueron los únicos testimonios solicitados por la defensa de Bustos con el propósito de demostrar su inocencia. También le pidieron a los representantes investigadores, recibir las declaraciones del excongresista Álvaro Ashton, del abogado Gerardo Torres Roldán. También de Rodrigo Noguera rector de la Universidad Sergio Arboleda, del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte procesado dentro del mismo caso de ‘El Cartel de la Toga’ y de los testigos Leonardo Murillo, Delio Maya Barroso y Alejandro Guerrero.

Entre otras solicitó además que se oficiara a la oficina de talento humano de la Fiscalía para que el ente acusador remitiera a la Comisión de Acusaciones copia de la documentación que aportó Luis Gustavo Moreno en su vinculación como jefe de la Unidad Anticorrupción, así como las pruebas de aptitud, resultados del examen de polígrafo y las declaraciones que entregó a la Fiscalía para solicitar el principio de oportunidad.

Por último y dentro de las pruebas relevantes que solicitó, está la orden que las autoridades judiciales de los Estados Unidos expidieron dentro del proceso 17-20516 mediante la cual se obtuvo las grabaciones de las conversaciones que sostuvieron el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, Leonardo Pinilla y Gustavo Moreno que dieron origen a la solicitud de extradición de Moreno y Pinilla y al caso de ‘El Cartel de la Toga’.

Pero el argumento de la demora de la práctica de pruebas solicitada no fue el único. También adujo el hecho de que uno de los representantes investigadores, Edward  Rodríguez, es del Partido Centro Democrático y que tanto el jefe de esa colectividad política, el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez como José Obdulio Gaviria se habían referido en sus cuentas de Twitter y en medios de comunicación, según él, de manera desobligante en contra del exmagistrado Bustos. Y relacionó varios de los mensajes que enviaron tanto el senador Uribe como otros congresistas e integrantes de dicho Partido. “Magistrado Bustos, su orden de condenar a nuestros compañeros por razones políticas es una mancha grave al prestigio otrora de la Corte Suprema” se cita en uno de los partes de la recusación 

El proceso de paz y el expresidente Santos también fueron elementos que la defensa utilizó en la recusación, al manifestar que el exmagistrado Leonidas Bustos “a lo largo de su vida profesional ha sido defensor de la paz como valor y derecho fundamental. Que apoyó el proceso de paz, que le entregó al presidente Santos una condecoración en apoyo de la Corte Suprema de Justicia y de toda la Rama Judicial hacia el proceso que él adelantaba. 

Los representantes investigadores declararon en su momento infundada la recusación. Determinaron que precisamente teniendo en cuenta las voluminosas pruebas que solicitó Leonidas Bustos se hizo ruptura de la unidad procesal y se abrieron dos radicados, el 4903 y el 4937 precisamente bajo este último quedó la investigación del exmagistrado Bustos. En la comunicación se estableció que como en caso ningún otro proceso y teniendo en cuenta las personas sujeto de investigación y lo que estas representaban para la sociedad por los altos cargos que ostentaron, se ordenó la práctica del mayor número de pruebas. En el caso de José Leonidas Bustos 53 pruebas.

Particularmente frente al supuesto impedimento esgrimido por la defensa de Bustos, los representantes consideraron que la causal invocada de los términos, no aplicó porque se hubiera requerido que “No se haya actuado”, es decir que no se hubiera realizado ningún acto de investigación.

En cuanto al cuestionamiento realizado por la defensa en contra del otrora representante Edward Rodríguez uno de los investigadores del caso, por presuntas influencias externas provenientes del jefe del partido político al cual pertenecer, tampoco prosperó. En cambio, en el auto mediante el cual negaron las recusaciones se recalcó que todas las decisiones judiciales se sustentan en las pruebas legalmente obtenidas y estas deben ser analizadas de manera objetiva e imparcial. “Esta Comisión observa, es que la defensa no le ha gustado algunas decisiones tomadas en el curso del proceso. En algunos casos, quizá, porque la decisión tomada por el Despacho no jugaba a favor de sus intereses, principalmente a la hora de acceder a sus solicitudes probatorias o en el momento de la recepción de los testimonios, en especial el del Dr Luis Gustavo Moreno”

Concluyó la Comisión que no se puede afirmar que cuando un operador judicial toma decisiones que son consideradas adversas por la defensa, entonces la razón es porque tiene un interés en el proceso y no porque hay los suficientes elementos probatorios para ello.  Finalmente señaló en la misiva que todos los congresistas pertenecen a un determinado partido político, pero no por ello se debe poner en entredicho las decisiones dentro de los procesos judiciales que cursan en la Comisión de Acusaciones.

Segunda recusación

Diez días después de presentada la primera recusación, la defensa del exmagistrado Leonidas Bustos, radicó una nueva recusación en contra de los investigadores. Esta vez su argumento fue el facebook del representante a la Cámara, Edward Rodríguez. Curiosamente en la recusación se confiesa un hecho que en redes sociales se conoce como “stalkear”, es decir curiosamente, la parte investigada manifiestó que revisaba las redes sociales de los investigadores.

En uno de los apartes de la recusación indicó que “ habiendo revisado últimamente el perfil político en Facebook del representante por el partido Centro Democrático, Edward David Rodríguez Rodríguez pude percatarme de que éste, (...) ha expresado su opinión sobre los hechos materia del proceso, unas veces evaluándonos y ofreciendo resultados contundentes y rápidos, esto es a corto plazo, sin siquiera reparar en los términos procesales previstos en la ley y sin que por la mente se le pase la idea del agotamiento de una investigación imparcial” se advierte en el recurso.

Incluso, también reprochó porqué el investigador, Edward Rodríguez, en una entrevista televisiva emitida el 31 de agosto de 2017 y en el que “realizó preguntas basado en hechos falsos y desconocedores de sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso”. Dice Bustos que el investigador Edward Rodríguez admitió dichas preguntas porque no cuestionó a su entrevistador.

Y advierte, que el periodista que hizo la entrevista, promovió al representante Rodriguez, a seguir un proceso irregular, “sin averiguar la verdad, sin verificar la existencia de los hechos, sin determinar la responsabilidad penal, le muestre al país unos resultados, como en las oscuras épocas de la inquisición”.

Finalmente y entre otros argumentos, afirmó que cuando Edward Rodríguez dijo en la entrevista que desafortunadamente no es competencia de la Comisión ordenar la captura, que con la expresión desafortunadamente estaba prejuzgando. Así mismo, que al finalizar la entrevista el investigador afirmó que “sin duda vamos a dar resultados lo más pronto posible”, con esto puso en evidencia, según la  defensa del exmagistrado, que el representante Rodríguez tenía un desmesurado afán por los resultados.

En la respuesta entregada al investigado, en la que se le informa que no procedía la recusación, se reitera que el hecho de haber posteado en Facebook un video en el que se emiten imágenes de tres magistrados de la Corte Suprema Investigados, no equivale a fijar una posición si no a informar. En cuanto a la entrevista en televisión, manifiesta que Edward Rodríguez se limitó a dar conceptos sobre el trámite de la investigación, no sobre los hechos materia de investigación.

Así mismo, citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que la opinión o concepto anticipado que constituye motivo de impedimento debe ser sustancial y vinculante. Se decidió entonces, al igual que la anterior recusación, rechazarla y remitirlos para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se discutiera y decidiera por el pleno de la corporación.

Por tercera vez

A mediados de 2018, el exmagistrado Leonidas Bustos, radicó una nueva recusación en contra de los investigadores. En esa oportunidad argumentó que los congresistas que fungían como investigadores, habían incurrido en una de las causales de impedimento establecida en la ley, es decir, que debían apartarse del proceso que cursa en su contra, porque estos dieron consejo o habían manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. 

Esta vez el fundamento no fueron declaraciones entregadas a medios de comunicación, los términos en la práctica de pruebas ni el Facebook de los investigadores. Lo que se utilizó para demostrar su argumento  fue un documento legal. Se trata del escrito de acusación del 5 de marzo de 2018, proferido en contra del también exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Lo anterior, porque según Bustos, en dicho documento jurídico, proferido por la Comisión de Acusación, “se da por sentada y demostrada la existencia del denominado cartel de la toga con lo cual también se da por demostrada su responsabilidad”. 

En la recusación, cita cuatro apartes de la acusación en contra de su ex compañero de sala, Gustavo Malo, en el que a pesar de no ser mencionado, se da por aludido y utiliza los señalamientos que se hacen contra Malo Fernández para sustentar presuntas inhabilidades por parte de los congresistas, frente a su propio caso. 

Por ejemplo, acogió la afirmación de la acusación en contra de Malo, en la que no se le menciona, “amplificando el párrafo anterior, los hechos objetos de investigación del radicado que nos ocupa, indican que un grupo de magistrado y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Malo Fernández, en concierto con particulares abordaban aforados que tuvieran proceso de única instancia activos en esa alta entidad...”. También cita el aparte referente al pago que se dio por parte de dos senadores, Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton Giraldo. 

De la misma manera, citó dos declaraciones entregadas por el congresista Edward Rodríguez en medios de comunicación los días 22 de marzo y 25 de abril de 2018, en los que afirmó, entre otras, sin mencionar al exmagistrado Bustos “si, ya empieza el fin del carrusel de la toga, creíamos que había claramente un concierto para delinquir...Era una empresa criminal y esto nos hace reflexionar sobre la institucionalidad” y “que por primera vez en la historia en menos de 5 meses se adelantó contra un Magistrado en curso, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia...”

La Comisión de Acusaciones desestimó la recusación indicando que en ninguna de las disposiciones contenidas en el escrito de acusación presentado en contra del exmagistrado Gustavo Malo Fernández se hizo referencia a José Leonidas Bustos. Amparados en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tribunal al que pertenecieron los magistrados Malo y Bustos, los congresistas advirtieron que según la jurisprudencia de la Sala Penal, no se puede invocar una causal taxativa de recusación tomando criterios subjetivos o deducciones por analogía, “cómo fueron las expuestas por el Dr Bustos en su escrito del 5 de junio de 2018, al indicar que esta Comisión ha mostrado un desprecio por los hechos y la prueba en tanto se contrae únicamente a destacar la investidura del procesado para afincar su responsabilidad”.

Así mismo advirtieron que cuando se usó en el escrito de acusación en contra de Malo Fernández, las palabras “organización criminal”, “banda criminal” o “grupo delictivo” no se dijo que el exmagistrado Bustos hiciera parte de ellos. “Precisamente, el objeto de la presente investigación es identificar si él hacía parte o no de esa organización” se estableció en el documento en que se declaró infundada la recusación del 5 de junio de 2018.

Cuarta recusación

No obstante, los escritos presentados por el exmagistrado Leonidas Bustos y su defensa buscando apartar de su caso a los representantes a la cámara que tienen a su cargo la investigación de su caso, no terminaron. A finales de enero de este año, se radicó una nueva recusación. Esta vez porque según el indiciado, los investigadores manifestaron su opinión sobre el asunto materia del proceso.

El abogado de Leonidas Bustos, fundó su solicitud en una entrevista que el representante Edward Rodríguez concedió a un medio de comunicación, el pasado 14 de enero. Reprochó y calificó como un hecho malintencionado que éste afirmara que existían 150 pruebas y que estaba listo el escrito de acusación en contra de Leonidas Bustos. Dice la defensa que en su declaración, Rodríguez, no precisó, “que de esas “150 pruebas” solo existe una (1) de cargo que es la declaración del confesó delincuente Moreno Rivera, condenado por la justicia colombiana como por la justicia norteamericana por actos de constreñimiento y corrupción”.

También rechazó que la periodista afirmara que el exmagistrado Bustos estuviera acusado de recibir dineros a ámbito de favorecer a algunos congresistas. Manifiesta que la imputación realizada por la Comisión fue respecto a un solo congresista y no a varios. Que actualmente el proceso está en la etapa de calificación y no de acusación pero que “seguramente (la periodista) fue inducida tendenciosamente en error en el contexto de la entrevista”. Para reafirmar su solicitud también aportó otras declaraciones entregadas a diversos medios de comunicación.

Sobre el representante Edward Rodríguez, señaló respecto a una entrevista radial del pasado 16 de enero del año pasado que “exhibiendo, cómo es característico en él, un profundo desconocimiento del derecho y lamentablemente aún, del proceso, esto es del contenido de las pruebas y una ausencia absoluta de valoración integral de las mismas, vuelve a emplear expresiones que validan la causal de recusación” afirmó el jurista, Eduardo Curtidor Argüello. 

Finalmente, entre otras razones y para resaltar algunas, advierte que una causal de impedimento es que exista enemistad grave entre algunos de los sujetos procesales y el funcionario judicial.  Afirma que esta causal de impedimento se deriva del comportamiento humano y que de acuerdo a la psicología experimental evidencia que la aversión, el odio u oposición contra una persona hace que se pierda la ecuanimidad 

Sustentó esta teoría de la sicología en que el investigador Edward Rodríguez ha sido defensor acérrimo de las políticas uribistas del jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien según lo afirmó el señor Curtidor Argüello, el expresidente Uribe  ha acusado en varias ocasiones a su defendido, el señor Bustos, de haber dado la orden de condenar a los integrantes de su partido. Declaración que también realizó, según advirtió, Andrés Felipe Arias de quien recordó fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Al profesional del derecho, tampoco le gustó que el representante Rodríguez, afirmara en una entrevista y refiriéndose al exmagistrado Bustos que “nosotros le hemos dado todas las garantías constitucionales y legales, incluso las que él no dio cuando era Magistrado y Presidente de la Corte Suprema de Justicia”. Según la recusación con esta frase el investigador del caso exteriorizó sus emociones y sentimientos en los que dejó ver una grave y profunda animadversión en contra del señor Bustos.

Pero pasó el tiempo. Leonidas Bustos casi radicado en Canadá, a veces viene por Colombia. Desde allá, vía virtual estaba respondiendo a los requerimientos de la justicia. Tras múltiples estrategias jurídicas en varios años, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar su captura, es evidente que le llegó la hora.