Fueron capturadas cuatro personas por participación en actos criminales durante protestas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó audios e imágenes que dan cuenta de la creación de un colectivo urbano y los roles que cumplieron sus integrantes para generar desmanes durante las protestas en Bogotá tras la muerte de Javier Ordóñez.

 

Por medio de la investigación, la Fiscalía General de la Nación en trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, pusieron en evidencia los detalles del funcionamiento de uno los denominados ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’ con los que los grupos residuales han promovido actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá, entre octubre de 2019 y septiembre del año en curso.

De esta forma, se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento, interceptaciones telefónicas que arrojaron más de 1.600 horas de escucha y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes; vigilancias y seguimiento de personas, cotejos morfológicos y decadactilares, búsquedas selectivas en bases de datos, y solicitudes de información en entidades públicas o privadas, entre otras labores de policía judicial.

Así, fueron identificados los cinco presuntos integrantes de estas redes ilegales al servicio de las estructuras residuales. Los cuales tenían el objetivo de instrumentarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades.

Luego de los desórdenes presentados a finales de 2019, la Fiscalía conoció que el ‘colectivo’ o ‘unión solidaria’ de Bogotá se constituyó oficialmente el 22 de enero de 2020. Las personas implicadas fueron identificadas como Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo. Érika Lorena Flórez Durán, alias Érika o Katara. Ruth García Estrada, alias Rosita. Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola y Miguel Andrés Parga, alias El Profe. 

La Fiscalía General de la Nación imputó a ‘Justo’, ‘Érika’, ‘La Pola’ y ‘El Profe’ los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción  de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Frente a las conductas que se les atribuye, la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.