Video: Catalina Velasco, ministra de Vivienda, beneficiará a 68.100 recicladores con nueva norma

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó para comentarios de la ciudadanía el proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 596 de 2016; que busca proteger y promover la actividad de aprovechamiento desarrollada por las organizaciones de recicladores de oficio en el marco del servicio público de aseo.

Las modificaciones propuestas buscan cumplir el estándar de protección para los recicladores de oficio fijado por la Corte Constitucional que implica la obligación de adoptar medidas que permitan garantizar la participación material, real y efectiva de este importante sector de la sociedad en la actividad de aprovechamiento. 

#Empresas 962 organizaciones de recicladores tendrán mejores condiciones en su actividad, anunció la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. pic.twitter.com/SvrlfIujWT

— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) June 14, 2024

Así, el Gobierno del Cambio avanza en la implementación de la política de Basura Cero establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea dentro de sus apuestas estratégicas la dignificación de los recicladores de oficio, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el fortalecimiento como prestadores de la actividad de aprovechamiento. 

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Esta propuesta busca solucionar las problemáticas que se han identificado en el diálogo permanente con estas organizaciones y otros actores relacionados.

“Las organizaciones de recicladoras y recicladores son prioridad para el Gobierno Petro. Hemos construido con muchas de ellas esta propuesta. Estaremos atentos a todos los comentarios para que este decreto sea un instrumento de justicia social”, manifestó la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. 

La propuesta contempla, entre otros aspectos, establecer un mecanismo que incentive el cumplimiento del proceso de regularización por parte de las organizaciones y definir un esquema de vigilancia y control diferencial. También cumplir el pronunciamiento de la Corte Constitucional para dotar a la población recicladora de las herramientas necesarias para materializar la superación de las condiciones de vulnerabilidad y disminuir la brechas sociales y laborales que históricamente han estado asociadas a esta labor.

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