Tribunal da por hecho entrega de licitación a Thomas Greg & Sons y por ello inadmite tutela de la empresa 

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la polémica adjudicación del contrato para la impresión de pasaportes colombianos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha inadmitido la acción de tutela interpuesta por la firma multinacional Thomas Greg & Sons (TGS) contra el Estado colombiano. 

La firma había solicitado esta acción legal en un intento por detener una nueva licitación pública que buscaba seleccionar otro proveedor para este servicio, a pesar de que TGS había obtenido la máxima puntuación en el proceso anterior.

El tribunal determinó que la adjudicación del contrato a TGS era un hecho consumado, lo que anula la base de la tutela. Según el tribunal, la empresa ya había recibido el contrato que era objeto de la disputa, lo que, según la ley, elimina la necesidad de cualquier intervención judicial adicional para suspender la licitación.

El caso se remonta a la decisión del Gobierno de Gustavo Petro, bajo la dirección del entonces canciller Álvaro Leyva, de declarar desierta la licitación anterior a pesar de los altos puntajes obtenidos por TGS, lo que suscitó acusaciones de favoritismo y corrupción. 

En respuesta, TGS no solo presentó la tutela sino que también interpuso una demanda contra la nación por daños económicos valorados en 117.000 millones de pesos.

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La controversia se intensificó cuando José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, adjudicó unilateralmente el contrato a TGS sin consultar al presidente Petro o al canciller interino Luis Gilberto Murillo, lo que llevó a Petro a calificar a Salazar de "traidor" y a emprender acciones para revocar la decisión.

Aunque el canciller interino Murillo declaró que Salazar no tenía autoridad para tal adjudicación y que el gobierno no la sostendría, la decisión del Tribunal de Cundinamarca parece contradecir esta postura, confirmando la entrega del contrato a TGS y cerrando la puerta a futuras disputas legales sobre esta licitación.

Y es que este lunes 26 de febrero el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar revocó el acto administrativo que en octubre de 2023 había sido suscrito por el canciller Álvaro Leyva declarando la licitación desierta, a pesar que el único proponente Thomas Greg había obtenido una calificación de mil sobre mil puntos posibles.

El funcionario en consecuencia adjudicó la licitación para evitar un detrimento patrimonial al Estado, pues la firma afectada ya había interpuesto una demanda por los daos causados que ascendía a los $100.000 millones y el canciller Leyva había sido suspendido por la Procuraduría por haber incurrido en una presunta falta disciplinaria al desconocer la ley 80 de contratación.

Por haberles adjudicado la licitación, el presidente Gustavo Petro entró en cólera y públicamente calificó al octogenario funcionario como “traidor” y lo declaró insubsistente. 

Ahora el Gobierno Nacional empeñado en impedir que la firma se encargue de la emisión de pasaportes busca la manera de revocar el acto administrativo del secretario general.

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