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Seis condenados por recibir indemnizaciones ilegales en la extinta Telecom 

Percibieron millonarios recursos con documentos y trámite irregular.

Telecom
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 24/02/2024 - 11:47 Créditos: Imagen tomada de Portafolio

Los argumentos presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fueron contundentes para demostrar que Gladys María Montes Montiel, Naver Emelson Garrido Martínez, Rodrigo Antonio López Villegas, Remberto Ballestas Mendoza, Neftalí Carmelo Zapata Suárez y Benjamín José Corrales Benítez participaron en un entramado delincuencial para defraudar el patrimonio de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.

En ese sentido, un juzgado penal de conocimiento de Montería (Córdoba) condenó a estas personas a seis años y dos meses de prisión, y los declaró responsables del delito de fraude procesal. Adicionalmente, les impuso multa de 200 salarios mínimos mensuales legales e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 60 meses.

La investigación estableció que el 28 de noviembre de 2008, ante un juzgado promiscuo de Cereté (Córdoba), los extrabajadores presentaron una tutela para exigir el pago de salarios y prestaciones sociales que no les reconocieron por el levantamiento de su fuero sindical y posterior despido.

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Esa pretensión les fue aceptada y confirmada en segunda instancia, por lo que la empresa encargada de la liquidación de Telecom desembolsó a cada peticionario los dineros que les correspondía. Sin embargo, el 27 de abril de 2009, las mismas personas interpusieron una segunda tutela ante un juzgado de Montería (Córdoba) solicitando una nueva indemnización por los mismos hechos.

El recurso fue fallado a su favor y ratificado, así que la liquidada Telecom atendiendo el fallo, indemnizó a los exempleados y les entrego millonarias sumas de dinero. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró improcedente la segunda acción de tutela y revocó la decisión.

Señaló que los accionantes indujeron en error al juez, afectaron el patrimonio de la entidad y se ordenó el reintegro de las sumas adicionales que les fueron entregadas.

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