Desplome del contrato de gas por cinco billones entre Canacol y EPM: sombras de un negocio polémico 

El desplome de uno de los contratos más significativos de EPM durante la administración del exalcalde Daniel Quintero ha generado preguntas y escepticismo en abundancia. Este acuerdo con Canacol Energy, valorado en casi 5 billones de pesos, se disolvió inesperadamente, arrojando sombras de duda y especulación en el proceso, según investigación de El Colombiano.

La colaboración entre EPM y Canacol Energy estaba destinada a ser transformacional. El compromiso de Canacol de vender gas a EPM por 11 años y gestionar la construcción de un gasoducto de 289 kilómetros marcaba el inicio de una nueva era energética. 

Pero, como un castillo de naipes, el contrato se desvaneció. A pesar de que el acuerdo estaba listo para su ejecución en 2019, antes de la toma de posesión de Quintero, se pausó inexplicablemente.

La demora en la firma del contrato y las posteriores modificaciones menores levantaron interrogantes. Se rumorea que comisiones millonarias estaban en juego, complicando aún más el escenario. 

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Canacol finalmente se retiró del contrato, citando desafíos insuperables para obtener la licencia ambiental y enfrentar “obstáculos legales, sociales y de seguridad”, a este hecho se suma que la empresa negó categóricamente cualquier pago de comisiones.

El contrato se firmó en un ambiente de urgencia y necesidad. Medellín requería un suministro de gas más confiable y eficiente. La conexión directa con los pozos de gas de Jobo en Córdoba prometía reducir la vulnerabilidad del suministro de la ciudad y brindar una solución más sostenible. Sin embargo, la repentina retirada de Canacol ha dejado a la ciudad en una situación precaria, retrocediendo los avances y la planificación estratégica de años.

Además, hay incertidumbres financieras. Canacol, que obtuvo un préstamo puente de 75 millones de dólares y retiró 25 millones para respaldar la construcción del proyecto, afirma haber invertido solo 6 millones de dólares. La discrepancia en las cifras ha aumentado la desconfianza y ha intensificado la demanda de claridad y transparencia, según resalta el diario antioqueño.

Las regulaciones estrictas en Colombia que prohíben a los productores de gas convertirse en transportadores también complican el asunto. El contrato entre EPM y Canacol se sumerge en una zona gris legal, exacerbando las preocupaciones y las incertidumbres.

La incertidumbre rodea no solo la ejecución y el colapso del contrato, sino también las acciones de los actores involucrados. La firma china Shanghai Engineering and Technology Corp, un jugador desconocido en el sector, ha sido central en la construcción del gasoducto. Este desarrollo inesperado, junto con la renuencia de Canacol a pagar garantías de salida, ha avivado las llamas de la especulación.

La controversia ha alcanzado su punto máximo con alegaciones de comisiones pagadas y diferencias monetarias inexplicables en otros contratos relacionados, frente a las cuales Canacol es reiterativa en que no pagó sobornos a nadie.

La necesidad de una investigación exhaustiva y transparente es evidente. La ciudadanía, los accionistas y los observadores están clamando por respuestas, transparencia y responsabilidad en un contrato que se esperaba transformara la escena energética de la ciudad de Medellín.

Lo cierto y el fondo del asunto, es que este nuevo caso pone otra vez el dedo en la llaga sobre si Canacol está haciendo negocios con producción de gas que no tiene y con proyecciones de extracción poco claras, en el contexto de una seguidilla de hechos sombríos que tienen a los inversionistas en el mercado internacional observando nerviosos  los vaivenes en el precio de sus acciones.

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