Crisis de pasaportes en Colombia: Cancillería enfrenta polémica

La Cancillería de Colombia se encuentra en medio de un dilema de proporciones significativas con respecto a la emisión de pasaportes. A solo 15 días de que Thomas Greg, el contratista actual encargado de la impresión, cese sus operaciones, existe una incertidumbre palpable sobre las soluciones que se propondrán para garantizar la emisión de este documento esencial.

Instituciones de vigilancia como la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo han expresado su inquietud sobre la situación, especialmente preocupadas por la garantía del derecho a la identidad de los colombianos en el extranjero y el derecho a la libre movilización.

A pesar de haber obtenido la máxima puntuación en la última licitación, el proceso con Thomas Greg fue declarado nulo el 14 de septiembre debido a preocupaciones sobre posibles irregularidades. En respuesta, algunos consulados ya han informado sobre la falta de pasaportes. En un intento por abordar el problema, la Cancillería ha declarado una urgencia manifiesta de 12 meses, permitiendo la contratación directa de una empresa para el servicio.

El pasado viernes 15 de septiembre, se esperaba que la Cancillería presentara un plan detallado para abordar el problema, pero eso no sucedió. Sin embargo, el canciller Álvaro Leyva emitió una resolución solicitando a los departamentos pertinentes iniciar los procedimientos presupuestarios necesarios para garantizar futuros contratos.

Mientras tanto, fuentes internas citadas por El Tiempo sugieren que el canciller Leyva ha dirigido la responsabilidad de la situación al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. Salazar, anteriormente apartado del proceso de licitación por presuntas irregularidades, enfrenta acusaciones relacionadas con un acuerdo firmado en noviembre de 2022 con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para revisar las especificaciones técnicas del contrato de pasaportes.

Las acusaciones sugieren que Salazar y otros dos funcionarios no siguieron las recomendaciones de la OACI y establecieron un pliego de condiciones que favorecía, supuestamente, a Thomas Greg & Sons, creando un entorno imposible para otros licitadores.

Juan Pablo Estrada, representante judicial de Thomas Greg, alega que la Cancillería violó las normas de contratación y exige claridad sobre el proceso. Añade que la firma cumplió con todas las demandas establecidas por la Cancillería.

Desde 2007, Thomas Greg ha sido el principal proveedor de pasaportes, lo que ha suscitado críticas y denuncias de competidores como Veridos, IN Groupe y Cadena. Estas multinacionales argumentan que Thomas Greg ha disfrutado de ventajas indebidas en los procesos de licitación. Como resultado, el canciller Leyva optó por anular el reciente proceso de licitación.

Finalmente, en una reciente respuesta, Thomas Greg, junto con su socio, el Grupo Thales de Francia, ha anunciado una demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por un monto de 100.000 millones de pesos, reafirmando su confianza en la institucionalidad colombiana y en la ley de contratación estatal.

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