Compensación económica a taxistas genera controversia: colombianos podrían pagar el precio

El reciente anuncio de una compensación económica para taxistas ha suscitado un amplio debate. Esta medida, propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en respuesta al aumento constante en el precio de la gasolina, ha sido recibida con escepticismo por expertos económicos y financieros. El principal argumento: el precio final de la compensación recaerá en el bolsillo de los ciudadanos comunes.

El mes de septiembre registró un precio promedio nacional de la gasolina corriente de $13.964 por galón, un aumento de $400 con respecto al mes anterior. Con estos incrementos, se proyecta que el precio cierre el año rondando los $16.000.

Después de discusiones entre el Gobierno y el gremio de taxistas el 25 de agosto, el Ministerio de Transporte confirmó una compensación económica mensual para los taxistas registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt. Esta ayuda busca mitigar el impacto directo del alza en los combustibles sobre este sector.

Sin embargo, la polémica no tardó en surgir. Cálculos iniciales sugieren que la ejecución de esta estrategia costará alrededor de $74.300 millones durante 2023. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif fue una de las primeras en manifestar su preocupación, sugiriendo en su informe titulado "Subsidio a los taxis: borrar con el codo lo que hace la mano" que tal subsidio es "inconveniente". Anif propuso que el costo adicional se aplique a aquellos ciudadanos que frecuentemente usan el servicio de taxi, ya que, generalmente, pertenecen a estratos socioeconómicos más altos.

El informe de Anif, también subrayó que Colombia cuenta con una de las tarifas mínimas más competitivas de Latinoamérica, comparada con países como Chile, Uruguay y Perú. Sugerían que, en lugar de un subsidio general, se podría considerar un ajuste en las tarifas de taxi.

La entidad también advirtió sobre las implicaciones a largo plazo de no cumplir con compromisos relacionados con los precios de combustibles, señalando la posibilidad de medidas como el aumento del IVA hasta el 25% para compensar el déficit.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, también expresó su escepticismo. Echeverry argumentó sobre las dificultades administrativas de implementar una tarifa diferencial para taxis y pronosticó posibles problemas, como taxistas revendiendo gasolina a precios más bajos.

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