Centros Poblados: sancionados por el polémico y fallido negocio en MinTic

La Procuraduría impuso sanciones a exfuncionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y a la Unión Temporal Centros Poblados 2020 por diversas irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución de un contrato de prestación de servicios de internet rural, cuyo valor superó el billón de pesos.

En una decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a tres exfuncionarios del MinTIC y a los particulares que actuaron como contratista e interventor. 

Los exfuncionarios del MinTIC sancionados fueron Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura; y Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria General del MinTIC y exdelegataria de la contratación.

Asimismo, los contratistas sancionados fueron Luis Fernando Duque Torres, exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quien ejerció la interventoría del contrato.

Sandra Orjuela Méndez fue destituida e inhabilitada por nueve años y un mes debido a su falta de diligencia al no verificar adecuadamente las garantías de cumplimiento del contrato presentadas por la UT Centros Poblados, las cuales resultaron ser falsas. Esta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Por su parte, Camilo Alberto Jiménez Santofimio fue suspendido durante nueve meses por permitir modificaciones sin sustento en las recomendaciones del consultor Telbroad-Profit, relacionadas con la reducción del requisito del indicador patrimonial habilitante para los proponentes de la licitación. Esta falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.

Adriana Vanessa Meza Consuegra fue suspendida por cinco meses por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación sin el aval del Comité de Conciliación de la entidad. Esta falta fue considerada como gravísima a título de culpa grave.

Luis Fernando Duque Torres, exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020, fue multado con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes y se le inhabilitó para ejercer empleo o función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 15 años. Se le acusó de falsedad en documento privado al utilizar garantías de cumplimiento del contrato falsificadas. Su falta fue calificada como gravísima a título de dolo.

Finalmente, Paola Andrea Izquierdo Rivera, exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales y encargada de la interventoría del contrato, fue multada con 50 SMLV e inhabilitada para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 11 años. Se le acusó de omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos.

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