Aerocivil en el radar ante presunta corrupción en contratos por $20.000 millones

Aerocivil se encuentra en medio de un nuevo escándalo por presuntos contratos por valor de $20.000 millones, lo que ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a investigar a funcionarios de la entidad. 

Según el Ministerio Público está indagando en cuatro procesos de contratación suscritos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), los cuales, al parecer, carecen del aval del director de telecomunicaciones de Aerocivil y han generado desacuerdos de los directores técnicos con estos hechos.

La Procuraduría Segunda Distrital busca identificar los negocios jurídicos en cuestión, los cuales corresponden, presuntamente, a dos licitaciones públicas: la primera para poner en funcionamiento equipos de comunicación de alta frecuencia para Barranquilla por $10.779 millones.

La segunda para instalar y poner en servicio sistemas de comunicaciones de voz en torres de control por $6.090 millones, ambas con el uso de vigencias futuras. Además, se han llevado a cabo dos contrataciones directas para la adquisición de equipos de radares por $6.000 millones.

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Este no es el único caso que enfrenta Aerocivil. Otra posible fractura en el organismo está relacionada con el vínculo entre miembros de la unidad aeronáutica y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. 

En este contexto, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la entidad por presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción.

Entre las compras sospechosas se encuentran sillas ergonómicas por casi $11 millones cada una, repuestos que nunca funcionaron y licencias para pilotos vendidas a $10 millones. 

Además, hay informes que sugieren que algunos controladores están involucrados en una red que se encarga de apagar los radares o parquear las aeronaves en lugares ya establecidos donde se carga la droga.

El director de Aerocivil, Sergio Paris ha negado cualquier omisión en relación con estos hechos y ha asegurado que se han iniciado 18 procesos sancionatorios relacionados con el incumplimiento de contratos.

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