Universidad Santo Tomás de millonaria pérdida en Interbolsa a desfalco de asesora financiera

Uno de los centros de estudios superiores más importantes del país, la Universidad Santo Tomás de nuevo está en el ojo del huracán por el manejo de recursos. Hace unos años se esfumaron $19.690 millones en la desaparecida Interbolsa y ahora trata de esclarecer la pérdida de otros $6.000 millones a través de una empresa familiar de su asesora financiera Ruth Pilar Almeyda Martín.

Con una tradición de varios siglos es la Santo Tomás, una de las instituciones más respetadas del país. De hecho, en 1580 se fundó como el primer claustro universitario de Colombia, de la mano de la Orden de Predicadores y hoy en poder de la comunidad de los Dominicos.

Son más de 100.000 egresados en diversas carreras, más de diez mil alumnos actualmente sedes en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, entre otras ciudades, y en diversas carreras y posgrados, es ejemplo, de avance y desarrollo pedagógico.

Sin embargo, otra vez, la institución vuelve a caer en millonarios manejos financieros indebidos que opacan su reconocida labor académica.

Primero fue a finales de 2012, cuando la Superintendencia Financiera ordenó su intervención y posteriormente su liquidación, el 8 de julio de 2014.

Una debacle financiera con 1.600 reclamantes, entre compañías financieras, empresas de seguros, firmas petroleras y de infraestructura,aerolíneas, cadenas de droguerías y supermercados, entidades del Estado  y hasta comunidades de diverso orden.

Y allí apareció la Universidad Santo Tomás. Una de las instituciones que más dinero perdió. De hecho se refundieron de sus arcas $19.690 millones. 

Según trascendió, aprobado por directivos  de la universidad, se invirtió la cuantiosa cifra, buscando mayor rentabilidad, a través de una comisionista de bolsa que ofreció rentables inversiones, pero que al final resultó un fiasco financiero con varios capturados y condenados, entre ellos, su cabeza Rodrigo Jaramillo, quien cumplió su pena y se retiro de la actividad.

Registros revisados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, dan cuenta que muy poco dinero se recuperó de la inversión fallida en Interbolsa y al interior de la universidad no hubo responsables visibles.

No obstante, tras la dura enseñanza que dejó la inversión de dineros en la comisionista, apareció en el alma mater poco tiempo después una mujer en representación de su empresa familiar.

Con esta, se tendría un mecanismo de prevención del fraude en las finanzas de la institución y se buscaría garantizar el manejo adecuado de recursos, producto de los excedentes financieros de la operación e ingresos por matrículas de estudiantes, principalmente, entre otros conceptos.

Se trata de Ruth del Pilar Almeyda Martín. Una mujer de 55 años, nacida en Bucaramanga, especialista en finanzas, quien ofreció sus servicios gracias a contactos y cercanía con algunos directivos de la Santo Tomás en la ciudad de los parques.

Para tal fin, Almeyda Martín, puso a disposición de la universidad la empresa Pal Asociados. Una Sociedad Simplificada por Acciones SAS, que se creó el 18 de julio de 2012, con el propósito de realizar asesorías financieras y aprovechando que por esa época todos reprochaban el actuar de Interbolsa.

En concreto “compra de cartera con recursos propios, actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramientos en materia de impuestos; estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública; actividades de administración y asesoramiento empresarial”, entre otras labores, según él acta de constitución de la empresa.

Pese a ello, revisando los registros mercantiles, es evidente que tras la gran compañía que se presentaba, simplemente había una pequeña empresa familiar de un capital inicial de $100 millones de pesos.

Con la mayor participación accionaria inicial, el 83.8% de Ruth del Pilar Almeyda Martín, y otros minoritarios; su progenitora de nacionalidad española, Margarita Martín de Almeyda, al igual que Ricardo Almeyda Solano y Luis Eugenio Forero Franco.

Ingresaron años después a la sociedad, Javier Delgado Dueñez, Luis Enrique Molano Ducuara y María del Rosario Merchán Morales. 

Con otro detalle, el 8 de mayo de 2019, Pal Asociados  SAS, amplió su objeto social para brindar a la comunidad los servicios de educación formal y no formal conforme a la reglamentación del ministerio de Educación y las autoridades locales.

Esto debido a que empezaron a proyectar el Instituto Colombiano de Aprendizaje Incap, con sede en Cali. En otras palabras, como lo señaló una fuente consultada, “comenzaron a asesorar en finanzas a la Santo Tomás al tiempo que le pusieron competencia en educación”.

Lo cierto es que la mujer se ganó la confianza de los directivos de la universidad que palabras más, palabras menos, canalizó millonarios recursos de la institución en inversiones poco claras, según se conoció al respecto.

Pero, desde el año antepasado, empezó a correr el rumor que de nuevo la pesadilla de Interbolsa se estaba repitiendo.

La pandemia que no permitió el contacto directo entre Ruth del Pilar Almeyda y la parte financiera de la universidad, al parecer, facilitó el nuevo fiasco financiero.

En este contexto, una auditoría detectó que algo no estaba bien, al igual que un par de funcionarios del área financiera de la entidad que delataron la situación con el argumento que estos podían hacer el trabajo y no era necesario un externo. Y en efecto, se revisaron las cuentas y se ratificó el millonario faltante.

La Universidad Santo Tomás es una entidad privada, pero fueron algunos profesionales no directivos, quienes decidieron salir a la luz pública a delatar bajo la condición del anonimato, al tiempo que sus directivos prefirieron mantener en secreto la situación, como el rector Fray José Gabriel Mesa Angulo, así como el consejo directivo, de la entidad educativa. 

Con el agua al cuello, la misma institución tuvo que salir a reconocer el asunto públicamente y a acudir a la Fiscalía. “El presunto fraude del que la institución ha sido víctima, se aproxima al monto de seis mil millones de pesos”, resaltó  mediante comunicado expedido el miércoles de la semana pasada.

Y señaló que: “la señora Pilar Almeyda Martín, registra como representante legal de la firma Pal Asociados SAS, sociedad que prestó un servicio financiero a esta institución. Por tales razones la Universidad Santo Tomás, junto con otras instituciones afectadas, radicó ante la Fiscalía General de la Nación, la denuncia penal correspondiente, y el caso es materia de investigación”.

La historia se repite, tanto en el sector público como en el sector privado, los dineros de la educación están en la mira de los inescrupulosos. Aún de la universidad no se conocen responsables. A su vez los estudiantes, aspiran a que el nuevo fraude no incida en el valor de las matriculas y en la calidad de la educación.

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