Gobierno Duque: dejó en los bancos $1.73 billones destinados para combatir la pobreza

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada para el sector de Inclusión Social, realizó un estudio sectorial donde se evaluó la ejecución del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional – FIP”, ejecutado por Prosperidad Social.

A través de este se financian proyectos para la satisfacción de necesidades de la población colombiana en situación de pobreza y pobreza extrema, en el que se evidenció que en la ejecución presupuestal del cuatrienio alcanzó apenas 21,23%, a pesar de que el
presupuesto asignado fue superior a los $3,7 billones de pesos, de los cuales fueron “devueltos” por inejecución $1.73 billones.

Estos proyectos incluyen obras como plazas de mercado, centros de acopio, centros de transformación productiva, pavimentos y placas huellas, para mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la generación de empleo e ingresos en las comunidades con los mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, en el cuatrienio 2019-2022.

El estudio concluyó que el proyecto contó con una asignación presupuestal inicial para el periodo 2019-2022 superior a los $3.7 billones de pesos, para beneficiar a más de 5 millones de colombianos.

Para las vigencias 2019 a 2022, su presupuesto inicial sufrió variaciones del 60,3% debido a su baja ejecución, por lo que el presupuesto final para el cuatrienio fue de $1,97 billones. 

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En cuanto al año 2021 se presentó un incremento del 2,4% en el presupuesto inicial, aunque su ejecución al finalizar la vigencia fue del 20,72%, circunstancia similar a lo ocurrido en la vigencia 2019 en que la misma fue del 24.07%, en el 2020, del 19,80% y en el 2022, del 20,47%.

Ello, mostrando una ejecución promedio en las cuatro vigencias de tan solo el 46%, con una disminución de $1.73 billones de pesos respecto de su presupuesto inicial, por lo que $1.06 billones de pesos dejaron de verse reflejados en obras de infraestructura social y comunitaria en los municipios beneficiados.

Igualmente, se identificaron falencias en la asistencia técnica que debe prestar Prosperidad Social a las entidades territoriales, relacionadas con en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de obras y dificultades de recursos financieros y técnicos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Se evidenció que desde la firma del convenio entre el ente territorial y Prosperidad Social, hasta la firma del acta de inicio de obra transcurren en promedio 22.3 meses, es decir 1,8 años, a su vez, el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la entrega de la obra es de 47.4 meses, es decir 3,95 años.

A su vez, el tiempo promedio de obra es de 25.1 meses, equivalente a 2 años, que comparado con los plazos establecidos en los contratos, los cuales tienen un tiempo promedio de ejecución entre 6 y 12 meses, exceden en tres veces los establecidos contractualmente, reflejando un claro incumplimiento de los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía y oportunidad en la gestión e inversión pública.
 
Ante los hechos, la Contraloría hizo un llamado de atención a Prosperidad Social para que implementen en el menor tiempo posible las acciones de mejora necesarias que permitan que la población en situación de pobreza y pobreza extrema pueda beneficiarse oportunamente de las obras sociales y comunitarias financiadas a través de este proyecto.

La Delegada de Inclusión Social, informó que realizará un seguimiento permanente la ejecución de los recursos asignados a este proyecto, con el propósito de que los mismos cumplan con el objeto de reducir la desigualdad en zonas del país en donde las obras sociales y comunitarias permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Asimismo, mejorar la competitividad local y la generación de empleo e ingresos en comunidades con los mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, en cumplimiento de los principios de la vigilancia y el control fiscal dispuestos en la Constitución y en la Ley.

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