Contraloría, Fiscalía y Procuraduría toman nuevas medidas por corrupción durante la pandemia

La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría anunciaron este miércoles nuevas medidas para la lucha anticorrupción en medio de la emergencia por el Covid-19.

La Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).

El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, informó que se abrieron 24 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a las Gobernaciones (Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés), Alcaldías (Cúcuta, Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica) y el Hospital Universitario Departamental de Nariño.

También, se abrieron dos indagaciones preliminares en la Gobernación de Antioquia “por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios”.

En total se han emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos relacionados con el Covid-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 % (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones. 

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que en solo 15 días, la Fiscalía abrió 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.

A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento. Se trata de los alcaldes de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro; Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas, y el alcalde del Charco (Nariño), Víctor Cándelo Reina.

Además, solicitarán medidas de aseguramiento en contra de 17 personas, entre funcionarios y contratistas relacionados a los contratos destinados a la atención de la pandemia, incluyendo al suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón

El procurador, Fernando Carrillo, anunció que se ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.

“De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la Gobernación de Quindío”, dijo Carrillo.