A la cárcel exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Carlos Jorge Jaller Raad y su esposa

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó ante un juez de control de garantías al exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Carlos Jorge Jaller Raad y a su esposa Ivonne Acosta Acero.

Al investigado le formularon cargos por abuso de confianza agravado, daño informático y destrucción supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. 

Para Acosta Acero le imputaron los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los procesados no aceptaron los cargos.

Los argumentos de la Fiscalía fueron contundentes por lo que el juzgado acogió su solicitud y profirió medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos procesados.

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Adicionalmente, emitió oficios a entidades policivas para realizar la captura internacional por cuanto la pareja desde hace cuatro años reside en Estados Unidos.

Jaller Raad, fue rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla entre 2014 y 2016. En esos años construyó, al parecer, un entramado delincuencial que le habría causado un detrimento patrimonial a la Universidad por 8.502 millones de pesos.

La investigación de la Fiscalía advierte que el exrector, al parecer, amplió la nómina de la universidad, contrató a sus propios hermanos para ser docentes, pero ellos nunca dictaron clases, y además contrató a seis personas en cargos que ya estaban ocupados lo que generó un doble pago. 

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Estas inconsistencias causaron un detrimento de $1.679 millones. Otra irregularidad conocida es la suscripción de contratos que en muchos casos no se ejecutaron, pero que sumaron $6.721 millones.

Algunos de ellos fueron un convenio para enseñar inglés a los estudiantes, la construcción de un ascensor para un laboratorio y adecuaciones y mejoras en el auditorio de la universidad.

El 1 de julio de 2016, Jaller Raad fue destituido de la entidad, pero dos días después ingreso a la rectoría para, al parecer, sustraer y eliminar información de los computadores.

Adicionalmente se habría apoderado tres discos duros de equipos de cómputo para obstruir cualquier proceso investigativo.

De otra parte, Ivonne Acosta Acero, en su condición de Presidenta del Consejo Directivo, habría ejecutado actos ilegales para convocar a la Junta Directiva con el objetivo de nombrar un nuevo rector con la cual mantendría control sobre la universidad. Además, habría radicado ante el Ministerio de Educación, en cinco oportunidades, documentos con información falsa para que fuera oficializado ante esa entidad el nombramiento del rector.

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